A la nueva PAC le quedan cuatro meses para terminar de cobrar forma en España con el desarrollo de normas
La nueva PolÃtica Agraria Común (PAC) terminará de cobrar forma en España con una serie de normas que deberán desarrollarse a nivel nacional en los cuatro meses que aún queda de año hasta su entrada en vigor en 2023.
El
Parlamento tiene previsto tramitar en estos meses el proyecto de ley que fue
aprobado el pasado junio por el Consejo de Ministros y que fija las normas de gestión y control para la aplicación de la
nueva PAC hasta 2027.
Tras ser debatido con las
comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, el texto aborda cuestiones
como las penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no
cumplan las condiciones y obligaciones establecidas.
También fija un marco de
actuación con vistas a facilitar la lucha contra el fraude y hacer frente a los
posibles pagos indebidos a los perceptores de la PAC.
El citado proyecto de ley
regula el uso sostenible de productos sanitarios y el uso prudente de
antimicrobianos; ajusta la normativa de algunas reformas del reglamento de la
Organización Común de Mercados Agrarios y establece normas en materia de
comercialización del aceite de oliva y de asociaciones de productores del
sector lácteo.
Además, se suma la
legislación en relación con el bienestar animal y la nutrición sostenible de
los suelos agrÃcolas, entre otros puntos.
Con la nueva polÃtica
agraria, los paÃses de la Unión Europea recuperan capacidad de planificación a
cambio de mantener una estrategia común europea.
Después de que en julio
pasado la Comisión Europea diera el visto
bueno al plan estratégico nacional de aplicación de la PAC, el Gobierno
aprobará en los próximos meses hasta 18 proyectos de reales decretos para
aplicar cada uno de los elementos de dicho plan, que persigue un reparto más
distributivo de las ayudas.
España dispondrá en el nuevo
periodo de fondos por valor de 7.200 millones de euros anuales y el presupuesto
total en ese periodo será de 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000
millones si se suma la cofinanciación en desarrollo rural.
Entre las principales
novedades están los «ecoesquemas», ayudas vinculadas a la mejora del medio
ambiente y que representan el 43% de los fondos, al tiempo que se incrementarán
las dotaciones para incorporar a jóvenes y mujeres a la actividad agraria, y
para impulsar la innovación y la digitalización en el sector.
La aprobación de todo este
paquete legislativo en los próximos cuatro meses dará paso a la difusión de su
contenido para que los agricultores y los ganaderos puedan adaptarse a los
cambios y presentar su solicitud única de ayudas en la campaña de 2023.